El por qué del Proyecto

Las dificultades para la inserción social de las personas con discapacidad

Según los datos de la Encuesta sobre Discapacidades, Minusvalías y Estado de Salud (INE 2008), el 8.34% de la población española tiene algún tipo de discapacidad, lo que cifra este colectivo en cerca de 3.85 millones de personas.

En el año 2008, había un total de 1.48 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar (entre 16 y 64 años). De ellas, sólo 418.840 personas tenían un empleo, lo que representa el 28.3% y la mayoría son empleos escasamente cualificados y retribuidos.

En cuanto a la tasa de inactividad, la tasa de paro se sitúa en 7.2% ( un total de 106.560 personas).

La situación se agrava considerablemente si nos fijamos en las personas con discapacidad psíquica o intelectual, donde el porcentaje de inactivos se eleva al 80.7%, aproximadamente 100.000 personas, lo que deja la proporción de personas trabajando en un exiguo 19.3%.

La escasa formación, las barreras sociales y las dificultades de adaptación son algunos de los factores relacionados con las especiales dificultades de inserción de estas personas en la empresa ordinaria.

La Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI)

En los últimos años se ha observado una voluntad política y social para favorecer y fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad, que se ha concretado en la aprobación de leyes y otras medidas legislativas.

Fruto de este impulso, encontramos la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), la cual supone un mayor compromiso empresarial con las personas con discapacidad.

Esta ley establece la obligación por parte de las empresas y organizaciones con más de 50 trabajadores fijos, a contar en su plantilla con un 2% de personas con discapacidad.

Las medidas alternativas

Pero la mencionada ley también establece que es posible suplir dicha obligatoriedad a través de las denominadas “medidas alternativas”, que permiten evitar una contratación directa, ofreciendo a las entidades diferentes opciones:

- Realización de un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo, o con un trabajador autónomo discapacitado, para el suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo, o de cualquier otro tipo de bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa.

- Realización de un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo, o con un trabajador autónomo discapacitado, para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa.

- Realización de donaciones y de acciones de patrocinio, siempre de carácter monetario, para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad.

- Constitución de un enclave laboral, previa suscripción del correspondiente contrato con un centro especial de empleo.

El Sector Audiovisual y el Proyecto PRO

A pesar de los esfuerzos normativos, en muchos sectores y, especialmente en el audiovisual, la realidad es muy distinta, porque las características peculiares de esta industria hacen muy difícil encontrar entre las personas con discapacidad aquellas que cuenten con la preparación teórica y práctica necesaria para poder optar a un puesto de trabajo en este sector.

Ante esta situación, se plantea este proyecto, de forma que, no sólo fomente y ayude a las empresas y organizaciones del sector audiovisual a cumplir con la normativa existente en cuanto a integración laboral de personas con discapacidad, sino que, además, haga que se impliquen y participen directamente en dicha iniciativa, como contraposición a la utilización de las medidas alternativas existentes